En la actualidad, millones de personas viven atrapadas en un ciclo de deudas impagables, tasas de interés abusivas y condiciones contractuales injustas impuestas por entidades financieras.
Esta situación lleva a las personas a la esclavitud financiera, limita el bienestar económico de los consumidores y perpetúa la desigualdad social.
Uno de los principales factores que permiten esta explotación es la falta de leyes que defiendan a los ciudadanos en sus relaciones con las entidades financieras, tanto públicas como privadas. Sin normas claras y mecanismos de control sólidos, los bancos, cooperativas y otras instituciones pueden imponer condiciones desfavorables a los consumidores, como cobros ocultos que encarecen enormemente los créditos y los servicios financieros.
Costa Rica carece de una ley para proteger al consumidor financiero, tampoco existe un ente técnico e independiente que vele por los derechos de las personas consumidoras y que elimine los abusos de los contratos masivos que emiten las entidades financieras. Esto deja a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad ante abusos sistemáticos, mientras que las entidades financieras maximizan sus ganancias a expensas de los ciudadanos.
Organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, Naciones Unidas, entre otros, le han señalado a las autoridades de Costa Rica la urgencia de emitir una ley y crear un organismo con las facultades suficientes para defender al consumidor financiero y sancionar las prácticas abusivas.