Por OMERCON – Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor
Celebramos la aprobación del proyecto 23.908, un triunfo construido por el compromiso del diputado Óscar Izquierdo Sandí y la voz firme de ‘Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica´.
En Costa Rica, el fraude electrónico dejó de ser un problema aislado. Hoy es un fenómeno masivo, sistemático y en expansión. Y lo más preocupante: no es casualidad. Es el resultado directo de un Estado que no logró adaptarse a la velocidad del dinero digital.
Mientras el sistema financiero migró hacia la virtualidad —transacciones instantáneas, banca móvil, pagos digitales— la protección del ciudadano se quedó en el pasado.
El resultado es evidente: miles de personas enfrentan, todos los días, un ecosistema que no comprenden del todo, pero en el que están obligadas a participar.
Un delito que crece… porque puede crecer
Las cifras deberían encender todas las alarmas. En 2025, cerca de 30.000 denuncias por fraude informático llegaron al Organismo de Investigación Judicial. Pero esa cifra es apenas una fracción. El fraude electrónico es, por definición, un delito sub reportado. Porque muchas víctimas no denuncian. Porque sienten que no hay respuesta. Porque, en no pocos casos, la respuesta institucional ha sido trasladarles la culpa.
Así se ha construido una peligrosa normalidad: el ciudadano pierde su dinero… y además debe defenderse solo.
La gran asimetría: conocimiento y poder
El fraude digital no ocurre en igualdad de condiciones. De un lado, ciudadanos que usan aplicaciones, responden mensajes y confían en interfaces diseñadas para ser simples. Del otro, redes delictivas altamente especializadas, que dominan técnicas de suplantación, manipulación psicológica e incluso herramientas de inteligencia artificial.
En el medio, una verdad incómoda: el sistema sabía que esto iba a pasar.
Sabía que la digitalización sin una regulación robusta generaría riesgos. Sabía que las telecomunicaciones podían ser usadas como canal de fraude. Sabía que las plataformas digitales podían convertirse en vehículos de engaño masivo.
Y aun así, el país avanzó sin construir un marco de protección equivalente.
Cuando no hay reglas claras, manda el más fuerte
Durante años, el sistema operó bajo una lógica profundamente desigual:
- El cliente debía demostrar que el banco falló.
- El banco no tenía obligación real de demostrar lo contrario.
Esto no solo era técnicamente injusto. Era estructuralmente inviable. ¿Cómo puede una persona común demostrar fallas en sistemas informáticos, protocolos de seguridad o trazabilidad digital? La respuesta es simple: no puede. Y en esa imposibilidad, miles de casos quedaron sin resolver, mientras la carga económica del fraude recaía sobre quien menos capacidad tenía de asumirla.
La Aprobación del Proyecto de Ley 23.908: un punto de inflexión necesario fueimpulsado por la ciudadanía organizada y respaldado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí— representa un cambio estructural en esta relación.
La ley hace algo fundamental: reconoce que el dinero en el banco está en custodia, no en riesgo del cliente. Y, en consecuencia:
- Invierte la carga de la prueba
- Establece responsabilidad para las entidades financieras
- Obliga a mejorar los estándares de seguridad
No es una concesión. Es una corrección. Porque el fraude no es un problema del usuario. Es un problema del sistema.
El mito del “costo” y la realidad
Algunos sectores han intentado instalar una idea conocida: que proteger al consumidor encarecerá el crédito o aumentará las comisiones. Ese argumento no resiste análisis. Primero, porque el fraude ya tiene un costo. La diferencia es que hasta ahora lo pagaban las víctimas. Segundo, porque la prevención siempre es más barata que el daño. Y tercero, porque en países de la OCDE existen regulaciones similares sin efectos generalizados sobre tasas o comisiones.
La frase es simple y debería cerrar cualquier debate: proteger el dinero de los ciudadanos no es un costo; es una condición para la confianza en el sistema financiero.
Pero el problema es más grande que los bancos. Reducir el fraude a una relación banco–cliente es un error.
El ecosistema del fraude incluye:
- Empresas de telecomunicaciones que permiten la activación masiva de líneas
- Plataformas digitales donde circulan estafas a gran escala
- Redes sociales utilizadas como canales de engaño
- Infraestructura tecnológica que facilita la suplantación
Sin una regulación integral, el problema simplemente se traslada de un punto a otro.
Necesidad de cerrar los vacíos
Costa Rica dio un paso importante. Pero aún está lejos de resolver el problema.
Persisten vacíos críticos:
- Falta de control sobre canales de telecomunicaciones
- Débil regulación de plataformas digitales
- Limitada capacidad institucional para investigar fraude tecnológico
- Ausencia de un marco integral de protección al consumidor financiero
En este último punto, el país mantiene una deuda evidente: la aprobación de una verdadera Ley del Consumidor Financiero, alineada con los compromisos internacionales asumidos ante la OCDE.
Una decisión de país
El fraude electrónico no es un problema técnico. Proteger al ciudadano es una decisión política. Es decidir si el país lo protege en el nuevo entorno digital… o si lo deja enfrentarlo solo. Es decidir si la innovación financiera avanza con responsabilidad… o si lo hace trasladando riesgos hacia los usuarios. Es decidir, en última instancia, qué tipo de sistema financiero queremos.
Uno donde el dinero es rápido, pero inseguro. O uno donde la confianza también viaja a la misma velocidad.
OMERCON lo tiene claro: Esta ley marca el inicio de un sistema financiero donde la protección deja de ser opcional.